IBIDEM Abogados incorpora el servicio de Compliance

IBIDEM Abogados incorpora el servicio de Compliance

El despacho profesional IBIDEM Abogados ha incorporado el compliance a su cartera de servicios para atender de forma integral las necesidades de los clientes. De esta manera los profesionales de nuestra consultora contribuirán a mejorar el cumplimiento tanto de las normas como de las obligaciones asumidas voluntariamente para evitar daños económicos y reputacionales.

Con un buen asesoramiento las empresas pueden asumir labores de prevención, detección y gestión de incidentes de cumplimiento mediante mecanismos de vigilancia y control que le permiten actuar con eficacia y mitigar los efectos negativos de tales incidentes.

El compliance, cuya traducción más habitual es cumplimiento normativo, es una función joven en España, pero de larga tradición en los países de origen anglosajón. La función de compliance tiene unas profundas implicaciones tanto conceptuales como prácticas dado que su contenido es muy amplio, como explicaremos más adelante.

El aumento de una regulación que obliga a las empresas a adoptar sistemas de prevención y control de riesgos para limitar su responsabilidad ante eventuales incumplimientos normativos de la propia sociedad o de sus empleados, hace que las empresas no puedan conformarse con la formulación de unos principios generales y se vean obligadas a generar su propio ámbito de cumplimiento normativo y su propia cultura empresarial, no ya como mera conducta esperada de sus empleados sino como verdaderas obligaciones para evitar su responsabilidad, incluida la penal.

Aparece así, de manera obligatoria, como una realidad, que en las empresas no basta con la calidad o seguridad de los servicios o una cuenta de resultados saneada, sino que los grupos de interés, los accionistas, los clientes y los proveedores quieren saber que forman parte de una cadena de contratación “sana” carente de fallos endémicos por déficits de control que conlleven que sus decisiones o inversiones no sean sostenibles a medio largo plazo de ahí nace la los modernos sistemas de compliance, como una necesidad de prevenir y evitar los riesgos, y especialmente los riesgos penales.

Prueba de ello son las sucesivas modificaciones de nuestro Código Penal (en lo sucesivo CP). No cabe duda de que el mayor impulso de la función de compliance ha venido de la mano de las diferentes reformas del CP que han supuesto un cambio estructural e inesperado, y que han reformulado las posiciones tradicionales de la responsabilidad de las personas jurídicas, dado que, por primera vez, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal directa y autónoma diferente de las personas físicas de la organización.

Las empresas ahora pueden ser responsables penalmente por delitos cometidos en su nombre y en su beneficio (tanto directo como indirecto) por sus representantes legales o administradores de hecho o derecho o por sus empleados, en el ejercicio de sus actividades sociales, cuando hayan podido realizar los hechos por haber incumplido, por parte de los representantes o administradores, los deberes de vigilancia y control.

Tipos de delito
La persona jurídica podría cometer veintiséis categorías de delitos, que se pueden clasificar en cuatro bloques:
1) Delitos relacionados con la protección de datos e informáticos:
2) Delitos económicos y blanqueo de capitales:
3) Delito administrativo penalizado:
4) Delitos impropios del comercio:

Algunos de estos delitos pueden cometerse incluso por imprudencia y son los siguientes:
1) Insolvencia punible del Art. 259.3 en relación con el Art. 261 bis ambos del CP.
2) Contra los recursos naturales y el medio ambiente del Art. 331 en relación con el Art. 328 del CP.
3) Blanqueo de capitales. Únicamente cuando se actúa en el seno de una organización dedicada a esa actividad delictiva recogido en el Art. 301.3 en relación con el Art. 302.2 ambos del CP.
4) Financiación del terrorismo -solo comisible por sujetos específicamente obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo- tipificado en el Art. 576.4 en relación con el Art. 576.5 ambos del CP.
5) Contrabando, recogido en el Art. 2.5 en relación con el Art. 2.6 de la mencionada Ley Orgánica 6/2011.
A la relación de delitos que hemos expuesto, debemos añadir un grupo de delitos a los que, por aplicación del Art. 129 del CP, se les atribuyen las penas previstas en el Art. 33.7 del CP. Con lo cual, las consecuencias jurídicas para la empresa en caso de comisión de este grupo de tipos delictivos, son las mismas que las que se contemplan por la aplicación del Art. 31 bis del CP. Por ello debemos tenerlos en cuenta a la hora de elaborar un buen plan de cumplimiento. Estos delitos son:
– Delitos contra los derechos de los trabajadores Art. 311 del CP.
– Alteración de precio en subastas Art. 262 del CP.
– Asociación ilícita Art. 515 del CP.
– Organizaciones y grupos criminales Art. 570 del CP.

Debe de tenerse en cuenta, que ciertos procesos dentro del orden mercantil, como son la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extinguirán su responsabilidad penal, y esta se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, fusione o escinda.

Será necesario que las empresas dispongan de un canal de comunicación interno para evaluar y mejorar la política de cumplimiento. Este canal de comunicación es un mecanismo compuesto por medios físicos o informáticos en que trabajadores, directivos y terceros (colaboradores, proveedores, clientes, subcontratados…) pueden realizar consultas, comunicaciones u observaciones sobre posibles irregularidades, malas prácticas, incumplimientos de normas o actos indebidos observados en el seno de la persona jurídica a la que pertenecen o con la que se relacionan, para que el órgano responsable de cumplimiento las investigue y en su caso adopte las medidas preventivas, correctivas o de sanción oportunas.

Estas distintas comunicaciones pueden realizarse a través de:
a) Canales internos, accesibles sólo para empleados y directivos de la persona jurídica.
b) Canales externos que permiten que personas ajenas a la persona jurídica puedan denunciar.
Sanciones que se pueden imponer.

Las sanciones que la ley prevé para la persona jurídica declarada responsable penal, recogidas en el Art. 33.7 CP, son las siguientes:
a) Multa por cuotas o proporcional.
b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

Antonio Albarracín publica un artículo en Murcia Diario bajo el título: “¿Puedo hipotecar la marca de mi empresa?”

Antonio Albarracín publica un artículo en Murcia Diario bajo el título: “¿Puedo hipotecar la marca de mi empresa?”

El director de Negocio en Murcia de IBIDEM Abogados, Antonio Albarracín, ha publicado un artículo en el espacio de opinión del diario digital Murcia Diario titulado “¿Puedo hipotecar la marca de mi empresa?”. En el escrito considera que esta puede ser una alternativa jurídica interesante, puesto que los signos distintivos que diferencian la empresa de los competidores y que expresan los valores de nuestra empresa tienen un valor que posibilita la constitución de una hipoteca sobre la misma “ya que, a diferencia de otros activos de una empresa, su valor incrementará con el paso del tiempo si es bien utilizada”. Albarracín recuerda que la “Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, en la que se regula esta figura jurídica, data del año 1954 y desde entonces son innumerables las empresas que ya lo han hecho. Y es que hipotecar la marca se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada por las empresas españolas cuando han sufrido escasez de inmuebles o activos físicos”.

Para leer el artículo completo:

http://murciadiario.com/col/167

texto íntegro de la intervención:

“En el tráfico empresarial es habitual que una compañía, pese a estar obteniendo buenos resultados y alta rentabilidad, se encuentre con problemas de liquidez o tesorería. Pues bien, encontrándonos en este marco, en el que la falta de crédito es pasajera y no síntoma de problemas financieros de mayor calado, se está obligado a tomar medidas que permitan obtener la solvencia necesaria.

En este punto, es muy probable que se acuda a soluciones convencionales, refinanciando nuestros activos mediante los métodos de financiación tradicional o figuras como el alquiler, leasing o factoring.

Sin embargo, existen alternativas jurídicas que nos brindan otras soluciones, como la hipoteca de bienes muebles y, en concreto y para el caso que nos ocupa, la hipoteca de aquellos signos distintivos que nos hacen diferenciarnos del resto de nuestros competidores y que expresan los valores de nuestra empresa. Nos referimos a la hipoteca de nuestra marca.

Desde siempre, las marcas han sido uno de los instrumentos de competencia más efectivos ya que obligan a las empresas a diferenciarse de sus competidores. Por ello, en muchas ocasiones, las marcas constituyen uno de los activos patrimoniales más importantes del empresario (por ejemplo, la marca Google está valorada en 140.000 millones de euros). Este valor asociado a la marca, es el que posibilita la constitución de una hipoteca sobre la misma ya que, a diferencia de otros activos de una empresa, incrementará con el paso del tiempo si es bien utilizada.

Para la válida constitución de la hipoteca, es necesario que la misma conste en escritura pública, en la que se deberá determinar la naturaleza del bien hipotecado, fecha y número de la inscripción o renovación en el Registro especial correspondiente, posibles licencias o concesiones otorgadas por el titular a terceras personas y la justificación de encontrarse al corriente de pago de los cánones que le sean inherentes. Asimismo y antes de la constitución, deberá aportarse un certificado de cargas expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pudiéndose oponer la garantía hipotecaria frente a terceros después de la inscripción en el registro.

La inscripción en el registro tiene carácter constitutivo; es decir, la existencia de este gravamen sobre la marca hace que esta sea oponible frente a terceros una vez inscrita; en particular, en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles. Pero es más, con el fin de dotar de contenido dicha oposición y de garantizar así la seguridad jurídica en el tráfico económico, la Ley de Marcas establece en su artículo 45, con carácter obligatorio, la inscripción de la misma en la Oficina Española de Patentes y Marcas a efectos meramente informativos. Por ello, una vez sea inscrita la hipoteca, se notificará de oficio a esta última, para su anotación en el Registro de Marcas.

La Ley no deja de lado al acreedor hipotecario, cabe destacar las medidas de protección legal conferidas a este, tales como la necesidad de su consentimiento para el caso de querer renunciar a nuestro derecho sobre la marca, querer ceder el uso y explotación de la misma o permitirle que, en defecto de actuación del deudor hipotecario, promueva la renovación, rehabilitación o prórroga de los derechos de la marca, facultándolo incluso para abonar el canon correspondiente.

Por tanto, mientras se cumplan las obligaciones contraídas, debemos entender la hipoteca de nuestra marca como una posible solución para obtener una importante inyección de capital cuando sea necesario para la empresa.

Y si finalmente optamos por esta opción… no seremos los primeros!! Cabe recordar que la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, en la que se regula esta figura jurídica, data del año 1954 y desde entonces son innumerables las empresas que ya lo han hecho. Y es que hipotecar la marca se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada por las empresas españolas cuando han sufrido escasez de inmuebles o activos físicos, encontrando en los intangibles el aliado perfecto para lograr el apoyo de las entidades financieras. Por citar algunos casos, a modo de ejemplo, la marca “Calvo” fue hipotecada por 25,1 millones de euros, el Grupo “Eroski” hipotecó sus marcas para poder refinanciar su deuda y “SOS” hipotecó las marcas “Koipe”, “Koipesol”, “Carpelli”, “Friol”, “Sasso” y “Maya” por valor de 476 millones de euros”.

Ibidem ha participado en un debate titulado “Aprender a Emprender”

Ibidem ha participado en un debate titulado “Aprender a Emprender”

El socio director de Propiedad Industrial de IBIDEM Abogados, Eduardo Pérez Crespo, ha participado en el debate “Aprender a Emprender”, una jornada que tenía como objetivo impulsar el espíritu emprendedor entre los asistentes. Este encuentro de trabajo lo ha organizado por la asociación AEMME-Alicante en el Business World Alicante. Eduardo Pérez ha comentado que “hoy en día, la competencia empresarial está en aumento. Cada vez son más los que deciden arriesgarse e invertir en un proyecto profesional personal para convertirse así en emprendedores”. Y ha añadido que “la propiedad industrial es un elemento constante de la realidad que nos rodea. Conocer los beneficios que, a corto y largo plazo, ofrece la Propiedad Industrial es indispensable a la hora de lanzar un nuevo proyecto al mercado. Los emprendedores y creadores en general tienen en la Propiedad Industrial una posibilidad de ampliar sus oportunidades de negocio”.

Para el socio de Ibidem “todo producto o servicio que utilizamos en nuestra vida cotidiana es el resultado de una larga cadena de innovaciones, grandes o pequeñas, como las mejoras que hacen que un producto tenga la apariencia que tiene hoy o funcione de la manera en que lo hace. El valor más importante es el que se adquiere en el mercado, es decir, el valor de reconocimiento. Por este motivo, hacer uso de las herramientas de propiedad intelectual debe considerarse como una acción estratégica y fundamental al crear nuevos negocios, productos o servicios”.

Ha finalizado diciendo que “en IBIDEM llevamos 25 años protegiendo el talento de empresas y emprendedores. Contamos con un equipo formado por abogados especializados en propiedad industrial y acostumbrados a trabajar en todo tipo de sectores y en entornos internacionales que ponemos a su servicio.”

Enrique Martín se incorpora al pleno de la Cámara de Comercio de Alicante que se constituye la próxima semana

El socio director de IBIDEM Abogados, Enrique Martín, se va a incorporar como vocal al pleno de la Cámara de Comercio de Alicante, el próximo día 27 de marzo, fecha fijada por la Generalitat para la constitución de este órgano que rige la vida cameral.

La Cámara es una corporación de derecho público, que agrupa agentes económicos de todos los sectores de actividad, colaboradora de las Administraciones Públicas, cuyos fines son: prestar servicios a las empresas; representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación; ejercitar las competencias de carácter público previstas en la Ley, o que puedan encomendar y delegar las Administraciones Públicas

El socio director de IBIDEM Abogados participa en la tertulia de Teleelx sobre el futuro de la agricultura en Elche

El socio director de IBIDEM Abogados participa en la tertulia de Teleelx sobre el futuro de la agricultura en Elche

El socio director de IBIDEM Abogados, Enrique Martín, ha participado en el programa “Análisis” de Teleelx, dirigido por Daniel Gonzálvez, en él se abordaron, entre otros temas, el presente y el futuro de la agricultura ilicitana. A lo largo del debate se trataron en profundidad cuestiones vitales como la necesidad de disponer de unos caudales de agua para riego de calidad, en cantidad suficiente y a un precio razonable, para que los productos del Camp d’Elx sea competitivos en los mercados nacionales e internacionales. También se analizaron otros temas como la importancia de la innovación, los cambios se han introducido en el sector durante la crisis, el avance del viverismo, los mercados internacionales y cómo las organizaciones de empresarios están defendiendo los intereses sectoriales ante todas las instituciones.

En el programa también participaron el presidente de VAME, Francisco Agulló, el socio director de GALSAN Consultores, Pedro Algarra, y el presidente de la Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (ADR), Pascual Serrano.

 

Para ver todo el programa

https://youtu.be/TYtt-ub8A90